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Quinto Dia On Las Cristinas
Posted: Friday, July 5, 2002

VHeadline

National Assembly declares "emergency" on Las Cristinas

A special congressional committee urged CVG to select new international investor for Las Cristinas development project, as quickly as possible, to solve the "dramatic unemployment" that are affecting people in the area.

The special committee issued a report last Wednesday signed by Foreign Affairs Committee leaders, Julio Cesar Montoya and Tarek William Saab, that support CVG's decision to finish MInca's legal contract, because of Placer Dome's unfullfilment of the agreements.

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SPANISH TEXT FOLLOWS:

· La subcomisión especial designada por la Asamblea para estudiar de cerca el caso de las minas Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, alertó a la Corporación Venezolana de Guayana sobre la “verdadera emergencia” que se vive en el municipio Sifontes, donde se ubica el importante yacimiento aurífero

· En un documento suscrito este miércoles 3 de julio, obtenido en exclusiva por Quinto Día, emitido por la Comisión de Política Exterior, presidida por el diputado Julio César Montoya, se recomienda a la CVG proceder de inmediato a seleccionar al nuevo inversionista “que mejores garantías ofrezca para transformar el dramático cuadro de desempleo y precarias condiciones de esa comunidad”

· En la resolución, los diputados destacan que “ante los infortunios que padecen tales comunidades (donde se encuentra Las Cristinas) esta Comisión no puede sino alertar a la Corporación Venezolana de Guayana de esta situación de verdadera emergencia, a los efectos de que esta reactive en el plazo posible dicho proyecto”

· Luego de un amplio estudio, la comisión ratificó que MINCA incumplió ampliamente el contrato de concesión, y que no es procedente un arbitraje internacional, ya que además, Minera Las Cristinas C.A. al no renunciar a las acciones legales en contra de la CVG, no cumple con “uno de los requisitos esenciales para someter la controversia al arbitraje”

· Estos son los papeles exclusivos del caso de Las Cristinas

José J. Rodríguez

La Asamblea Nacional emitió una “alerta de emergencia” y solicitó a la CVG proceder cuanto antes a reactivar las actividades en la mayor mina de oro de Venezuela, que ha permanecido paralizada por más de una década.

Según un documento de la Comisión de Política Exterior suscrito este miércoles 3 de julio por los diputados Julio César Montoya (presidente), William Tarek Saab (Vicepresidente) y el resto de los integrantes de la comisión, los parlamentarios llaman la atención sobre “el estado de emergencia en que se encuentran los habitantes del Municipio Sifontes del estado Bolívar, en donde se encuentran Las Cristinas, por la interminable paralización que el proyecto minero ha sufrido”.

“Ante los infortunios, dice el documento, que padecen tales comunidades, esta Comisión no puede sino alertar a la Corporación Venezolana de Guayana de esta situación de verdadera emergencia, a los efectos de que ésta reactive en el plazo posible dicho proyecto”.

Los parlamentarios exhortaron a la CVG a que seleccione “al inversor que mejores garantías ofrezca para transformar el dramático cuadro de desempleo y precarias condiciones de esa comunidad y que por supuesto ofrezca confianza por su relación con el país”.

Dos meses arduas de investigaciones

La comisión de Política Exterior, atendiendo una denuncia formulada por la representante de Vannessa Ventures, accionista de la compañía Minera Las Cristinas C.A. (MINCA), contra la CVG, designó una subcomisión especial integrada por los diputados Charles Medina (Independiente-Zulia), Víctor Hugo Morales (MVR-Miranda), y Maris Aizaga (MVR-Falcón), para que efectuaran las investigaciones relacionadas con la denuncia.

Los parlamentarios realizaron extensas visitas a la Corporación Venezolana de Guayana, sostuvieron encuentros con el presidente de la CVG, general Francisco Rangel Gómez y altos funcionarios de la corporación, “a los efectos de discutir la terminación del Contrato Minero, la motivación, el procedimiento utilizado y las subsiguientes actos de disposición que sobre Las Cristinas han realizado el Ministerio de Energía y Minas y la Corporación Venezolana de Guayana”.

El grupo de diputados realizaron una visita tanto a las concesiones, como a las principales comunidades vecinas de Las Cristinas “afectadas por la inactividad que han sufrido las nombradas concesiones”.

Como se sabe, durante el primer trimestre de 2002, la Corporación recibió listas con más de 50 mil firmas de pobladores y mineros de los pueblos cercanos a Las Cristinas, apoyando la pronta reactivación de las minas, luego de más de 10 años de prácticamente estar inactivas.

La subcomisión realizó una exhaustiva investigación hemerográfica tanto en Venezuela como en el exterior, a fin de detallar y analizar todo lo publicado sobre la polémica hasta los momentos.

“Igualmente revisó las denuncias que dicha terminación constituyera uno de los supuestos hechos de aplicación de los procedimientos de defensa de los derechos de los inversores canadienses bajo el Acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de Canadá para la Promoción y Protección de Inversiones, aprobado mediante Ley publicada en Gaceta Oficial No 5.207 de fecha 20 de enero de 1998”.

Dentro de los recaudos reunidos por la subcomisión estuvo, finalmente, el informe emitido el 21 de noviembre de 2001, por la subcomisión de Industrias Básicas de la Comisión de Contraloría, que emitió una resolución sobre la relación contractual de la CVG y Placer dome, accionista de MINCA, que había recido las acciones a la empresa Vannessa Ventures, “solicitante de esta investigación”.

AN: por qué MINCA incumplió el contrato

De acuerdo al documento oficial de la Asamblea Nacional, y luego de un “profundo análisis de las actuaciones de Placer Dome y sus subsidiarias, MINCA, la Subcomisión Especial concluyó que estas últimas habían incumplido el contrato de explotación Las Cristinas, y por consiguiente, se recomendo a la Corporación Venezolana de Guayana que lo terminara, como en efecto ocurrió”.

El documento de la Comisión de Política Exterior emitió tres conclusiones sobre el tema, en el que detalla el por qué de su decisión de respaldar a la CVG en la terminación del contrato con MINCA.

1. “Desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1384 el 26 de junio de 1986, MINCA suspendió cuatro veces el proyecto Las Cristinas: I, en 1996, cuando habiendo sido aprobado el Estudio de Factibilidad, decidió suspender hasta que la Corporación Venezolana de Guayana no accediera a todas sus condiciones para reinciar el proyecto mediante la suscripción en 1997 del Convenio de Accionistas Modificado. II, el 20 de Enero de 1998, mediante decisión de la Junta Directiva de MINCA, presentando como excusa la demanda de Inversora Mael, C.A., que de ninguna manera podía interpretarse la obligaba a suspender el proyecto. III, el 15 de julio de 1999, argumentando los bajos precios del oro. IV, el 08 de Agosto de 2000, argumentando la necesidad de un tercer socio para el proyecto.

2. “La falta de Placer Dome en desarrollar y explotar las áreas Cristinas 4, 5, 6 y 8, durante el período comprendido entre 1996, fecha en que fue aprobado el Estudio de Factibilidad hasta la presente fecha constituye violación de la Cláusula Décima Novena del Contrato Minero de MINCA, la cual estrablece que cualquier paralización de los trabajos del proyecto durante doce meses causará la rescisión inmediata del contrato. Visto lo establecido esta cláusula, el Contrato Minero de MINCA debe considerarse rescindido.

“Dicho Contrato Minero de MINCA también ha incurrido en violación de los lapsos establecidos en la Ley de Minas citados en el presente informe, que establecen períodod de tiempo taxativos para la explotación de las áreas otorgadas en el contrato.

3. “Visto que la cláusula Décima Novena del Contrato de Explotación de MINCA, prevé que la paralización de los trabajos de explotación objeto del presente contrato por un período de doce (12) meses y si motivo debidamente justificado y aceptado por la Corporación Venezolana de Guayana, será causal de rescisión del contrato por parte de la Corporación.

Luego de estos tres razonamientos, la Comisión de Política Exterior emitió su posición oficial en el caso de Las Cristinas.

“Esta Comisión ha encontrado que los procedimientos seguidos por la Corporación Venezolana de Guayana y el Ministerio de adscripción no constituyen expropiación ni cualquier otro supuesto bajo los cuales pueda proceder el arbitraje que prevé el acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de Canadá para la Promoción y Protección de Inversiones. Por otra parte esta Comisión observa que la solicitante no ha renunciado a su derecho de iniciar o continuar otros procedimientos legales a la terminación de su contrato minero, vistos por prensa local los numerosos procedimientos legales que ha iniciado y mantiene en contra ambos organismos públicos. Tal renuncia es en todo caso uno de los requisitos esenciales para someter la controversia al arbitraje de conformidad con dicho Acuerdo (artículo XII (3b).

“Finalmente queremos expresar que si ha atradio la atención de esta Comisión el estado de emergencia en que se encuentran los habitantes del Municipio Sifontes del Estado Bolívar, en donde se encuentran Las Cristinas, por la interminable paralización que el proyecto minero ha sufrido”.

“Ante los infortunios que padecen tales comunidades, esta Comisión no puede sino alertar a la Corporación Venezolana de Guayana de esta situación de verdadera emergencia, a los efectos de que esta reactive en el plazo posible dicho proyecto, seleccionando al inversor que mejores garantías ofrezca para transformar el dramático cuadro de desempleo y precarias condiciones de esa comunidad y que por supuesto ofrezca confainza por su relación con el país”.

“En la sede de la Comisión Permanente de Política Exterior, a los tres días del mes dejulio del año dos mil dos”.

La estrategia transnacional

El pronunciamiento de la Asamblea Nacional se produce luego que Vannessa Ventures Ltd., anunciara hace dos semanas que se estaba preparando para el Arbitraje Internacional en contra de la CVG y el Estado Venezolano.

Vannessa Ventures Ltd anunció el pasado domingo 16 de junio que la Corte Suprema de Justicia había admitido la solicitud presentada por su subsidiaria en Venezuela (MINCA), de ir al Arbitraje Internacional.

Según un anuncio emitido en Vancouver, Manfred Peschke indicó que su firma espera las instrucciones que deben seguirse para el proceso de arbitraje.

“MINCA confía en que un proceso transparente de arbitraje mantendrá sus derechos”, declaró el alto ejecutivo, puntualizando que “el proceso de arbitraje forzará a la CVG a someter sus declaraciones oficiales a la prueba de la ley, y si todos estas declaraciones públicas son correctas, no debería negarse a seguir su obligación contractual (y constitucional) de ir al arbitraje, como quedó confirmado por la decisión de la Corte Suprema del 19 de marzo de 2002, y reportado en nuestro boletín noticioso del 21 de marzo de 2002”.

“Como el siguiente paso para salvaguardar sus derechos, Vannessa Ventures Ltd ha iniciado formalmente el proceso de arbitraje internacional contra el Estado Venezolano, bajo el Acuerdo de Protección de Inversiones Extranjeras, firmado por Venezuela y Canadá”, puntualiza Pescke.

De acuerdo a un informe de situación que circula en la CVG, “se trata de un anuncio (de Vannessa Ventures) que muestra el interés que tiene la empresa canadiense en hacer ver que la situación legal del caso le está favoreciedo”.

El informe describe las dos decisiones que sobre el caso Las Cristinas ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia: la primera, del 19 de febrero de 2002, en el que se declara inadmisible una solicitud de amparo presentada por MINCA. Y la segunda, la decisión del 19 de Marzo de 2002, exactamente un mes después, en el que también se declara inadmisible otra solicitud de amparo presentada por MINCA contra la CVG.

Las dificultades internacionales

De acuerdo al escrito de investigación, “Vannessa Ventures emite una serie de boletines de “actualización” sobre el caso Las Cristinas, que van dirigidas a sus accionistas en Canadá con el fin de crear la sensación de que la situación en las minas venezolanas están completamente bajo el control de Vannessa Ventures”.

“Una situación similar se ha detectado con respecto a un reclamo de propiedad que la firma canadiense tiene en Costa Rica ante el nuevo gobierno de ese país centroamericano, que ha manifestado su rechazo a la explotación a cielo abierto de la mina de Crucitas”, agrega el documento.

El anuncio del Arbitraje Internacional por parte de Vannessa Ventures “es especialmente relevante, luego que se produjo la suspensión de sus operaciones en la bolsa minera de Toronto, y después de la declaración oficial del Ministro del Ambiente de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez, en el sentido de que esperan actuar legalmente para anular las concesiones mineras de Vannessa Ventures en Crucitas”.

El análisis destaca el mismo modus operandi utilizado entre Placer Dome y Vannessa Ventures tanto en Costa Rica como en Venezuela.

Según el Viceministro del Ambiente costarricense, en 1998 “yo negocié con ellos (Placer Dome) que paráramos este proyecto (Las Crucitas). Aún así, yo después de esa negociación, me sentí muy mal cuando me enteré, y eso no fue comunicado ni negociado con la empresa, que habían cedido sus derechos de esa concesión a una nueva empresa...”, también vinculada a Vannessa Ventures en Costa Rica.

Según el funcionario costarricense, “nosotros no vamos a promover ninguna actividad minera, como le digo con técnicas abiertas en ningún lado del país, no sólo en San Carlos (donde está Crucitas). Eso es una definición del Ministerio y un compromiso del presidente, que existe”.

El informe de investigación también se refiere a la actual situación de Vannessa Ventures Ltd en el mercado de valores de Canadá, que ha sido afectada debido a las situaciones legales conflictivas que mantiene la compañía con desarrollos mineros en Costa Rica y Venezuela.

A pesar de la conflictividad en estos dos países, el pasado viernes 28 de junio, Vannessa Ventures anunció una emisión de 2 millones de acciones, para recaudar un total de 1,42 millones de dólares canadienses, que supuestamente estarán dirigidos a invertirlos en el desarrollo minero de Las Cristinas.



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